La segunda, “Avance”, comienza el 1 de junio y la última etapa prevista, “Normalización”, arranca el 21 de ese mes, coincidiendo con la temporada turística de este verano. Eso sí, todo depende de que el ritmo de vacunación marche según lo previsto y que la situación sanitaria de entonces lo permita.

Este plan regional, motivado por la supresión del estado de alarma el 9 de mayo, fue presentado el día 6 por el presidente autonómico andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. En su intervención también dijo que Andalucía “quiere vivir el verano de una manera más aliviada”.

Andalucía: Regresar a la ‘normalidad’ el 21-J

SEVILLA.- La comunidad autónoma desea regresar a la ‘normalidad’ el 21 de junio, si se mantiene el ritmo previsto de vacunas y si el nivel de contagios no estuviera entonces en situación de riesgo para la población (Leer más)

El 9-M acaba el estado de alarma en España

MADRID.- El Gobierno central ha reiterado en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado el día 5 que el domingo 9 de mayo, tal y como estaba previsto, finalizará el estado de alarma en el país (Leer más)

Supremo y autonomías decidirán tras el 9-M

MADRID.- El Gobierno dejará en manos del Tribunal Supremo y de las comunidades y ciudades autónomas las medidas anti-Covid que estimen mejores para sus territorios tras la finalización del estado de alarma (Leer más)

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Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, explicó a la prensa que el Ejecutivo aprobó este martes, día 4, un Real Decreto-Ley para que el Tribunal Supremo tenga la última palabra sobre las restricciones en las autonomías si estas no cuentan con el apoyo de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

Así, las decisiones a aplicar corresponderán a las administraciones autonómicas. Si sus medidas no contaran con el respaldo de su respectivo Tribunal Superior de Justicia, cada Gobierno regional podrá presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo, que será quien decida en última instancia en un plazo máximo de cinco días hábiles.

De esta forma, el Gobierno central estima que esta metodología mejorará la seguridad jurídica y ofrecerá más coherencia al sistema judicial en vigor.

Con esta vía, a partir del 10 de mayo las comunidades autónomas podrán seguir fijando medidas restrictivas que afecten a la limitación de derechos y/o libertades fundamentales de los ciudadanos, entre ellas los cierres perimetrales o el toque de queda.

En este sentido, Calvo subrayó que no se descarta que se puedan mantener dichas restricciones, pero sí queda en manos del Tribunal Supremo la última palabra sobre estas medidas de excepcionalidad.

Escudo Social
Por otro lado, el RDL aprobado por el Gobierno mantiene medidas del denominado ‘escudo social’ que finalizaban con el levantamiento del estado de alarma. Las mismas continuarán en vigor al menos hasta el 9 de agosto.

Entre ellas figuran la prórroga de la suspensión de desahucios o la prohibición de cortar los suministros de gas, luz y agua a las familias en situación más precaria. Además continúa la suspensión de las juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre.

Reacción de Andalucía
La reacción de la Junta de Andalucía a estos anuncios del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue expuesta por el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior y portavoz del Gobierno autonómico, Elías Bendodo.

«Con este decreto sobre las restricciones tras el fin del estado de alarma -añadió-, el Gobierno de España demuestra su nula intención de asumir sus competencias y deja que la última palabra la tenga el Tribunal Supremo. No han diseñado un plan B para después del 9 de mayo».

(Foto: Gobierno de España)

* Movilidad entre las 8 provincias andaluzas a partir del 29-A

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