En la jornada previa el Ejecutivo y las organizaciones patronales y sindicales alcanzaron un acuerdo sobre su contenido, según informó la Administración central.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, destacó que es el sexto Real Decreto acordado desde el inicio de la pandemia por la Covid-19 para proteger el empleo y el tejido productivo.

“El primer objetivo del Gobierno fue la protección de todos los trabajadores afectados y, a medida que ha mejorado la situación sanitaria, la activación del empleo. Se han recuperado los niveles de empleo previos a la crisis”, explicó.

ERTE de formación
La norma establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, contempla nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, en este caso ligadas a la formación como mecanismo para mejorar la empleabilidad de los trabajadores y minimizar el desempleo.

El ministro indicó que las empresas tendrán unas exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social que alcanzarán el 80 por ciento si realizan acciones formativas.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señaló que esta vinculación de los ERTE a la formación permitirá mejorar la cualificación de los trabajadores y responder a las necesidades derivadas del cambio de modelo productivo, la transformación digital, tecnológica y de transición justa.

Además, este nuevo mecanismo anticipa el resultado final de la reforma estructural del mercado de trabajo que está definiendo la Mesa de Diálogo Social y que está previsto que se culmine antes del 31 de diciembre.

“Las empresas que hoy se sujeten a este Real Decreto, en cuanto se publique la reforma laboral, tendrán que modificar los términos y acogerse al nuevo artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que ya quedará con carácter estructural”, dijo la ministra.

ERTE de impedimento y Contador cero
Respecto a los ERTE de impedimento, vinculados a las limitaciones de actividad, se mantienen y podrán solicitarse por restricciones administrativas asociadas a la Covid-19, comentó Escrivá, quien considera que no serán habituales.

También se prorroga hasta diciembre del próximo año el Contador cero, lo que significa que lo cobrado durante el ERTE no restará a lo acumulado en la prestación por desempleo.

Prestación extraordinaria para los turísticos
Por otro lado, los trabajadores fijos-discontinuos del sector turístico, especialmente en Baleares, podrán acceder a una prestación extraordinaria. Díaz dijo que la temporada turística de este año, todavía afectada por la pandemia, no ha permitido a muchos de ellos obtener el tiempo de cotización suficiente para poder devengar prestaciones sociales o acceder a mecanismos de protección social.

Extensión de las ayudas para los autónomos
Asimismo, Escrivá incidió en que, en el caso de los autónomos, el Ejecutivo está protegiendo no solamente las situaciones de impedimento y limitación sino también de caída fuerte de ingresos. “Vamos a posibilitar una transición suave a su activación final manteniendo las exoneraciones a las cuotas a la Seguridad Social con un perfil decreciente en el tiempo hasta el mes de enero”, subrayó.

Por ello, se mantienen las cuatro modalidades de protección existentes para los autónomos con rentas más bajas o caídas de ingresos muy fuertes para quienes todavía no puedan desarrollar su actividad con normalidad.

(Foto: Gobierno de España)

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Si la empresa y los sindicatos no llegan a un acuerdo en las próximas semanas, este mítico equipamiento no abrirá sus puertas el 16 de junio, cuando debería empezar su temporada estival.

El Tivoli World ha sido escenario de las actuaciones de los mejores artistas en los veranos de la Costa del Sol desde mayo de 1972, fecha de su inauguración. Así de cruda es la realidad de esta empresa de cuyo futuro dependen directamente 90 familias.

(Foto: Junta)

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Esta es una de las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus Covid-19 a partir de mitad de marzo en España. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha incluido esta extensión de los ERTE hasta 2021 en el borrador que ha enviado a los empresarios y a los sindicatos.

Según este texto, dado a conocer este domingo, día 13, se quiere limitar también “los de fuerza mayor a empresas de una serie de actividades económicas especialmente afectadas y a negocios que dependan de estas, al tiempo que se mantendrá la prohibición de despedir tras los ERTE hasta final de año”.

El Ejecutivo central desea que esté vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 el artículo 2 del Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se estableció esta figura legal para los afectados en España por la crisis del Covid-19, calculándose en unos 800.000 trabajadores los que pudieron acogerse a esta medida de temporalidad. Esta cuestión será tratada en los próximos días por el Gobierno y los agentes sociales.

Discrepancias
Las discrepancias más importantes entre el Gobierno y los agentes sociales están en si los trabajadores con ERTE consumen las prestaciones por desempleo a partir del 1 de octubre, como fija la normativa vigente; en qué situación quedarían las personas afectadas por esta medida temporal ante posibles rebrotes; cuáles serían las empresas o los sectores afectados por la pandemia en próximos meses y qué cantidad presupuestaria tiene que aportar mensualmente la Administración central para sufragar esta partida de excepcionalidad.

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Según informó el Ejecutivo central, el acuerdo prevé exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social en función del tamaño de la empresa y la reactivación de su actividad. Además establece mecanismos de protección para el empleo.

El texto, que este viernes, día 26, será aprobado por el Consejo de Ministros, prevé beneficios en las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, garantías para el mantenimiento del empleo y mecanismos de flexibilidad para que las empresas se adapten a los nuevos escenarios según evolucione la crisis sanitaria generada por el coronavirus Covid-19.

Exoneraciones de cuotas
El acuerdo suscrito incluye diferentes exoneraciones para las empresas, según su situación. En el caso de las empresas que están en situación de fuerza mayor parcial, el acuerdo hasta septiembre mantiene el espíritu del vigente, bonificando más las cotizaciones de los trabajadores activados que de los suspendidos.

Así, para empresas con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 60 por ciento de las cotizaciones sociales de sus trabajadores activados en los meses de julio, agosto y septiembre y del 35 por ciento para los trabajadores que continúen suspendidos.

Por otro lado, para las empresas de 50 o más trabajadores, las exoneraciones serán del 40 por ciento para los trabajadores activados y del 25 por ciento para los no activados.

Por su parte, las empresas que están actualmente en ERTE por fuerza mayor total pasarán a ERTE de transición hasta el 30 de septiembre. Dentro de ellas, las que cuentan con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración decreciente en las cotizaciones de sus empleados del 70, 60 y 35 por ciento en julio, agosto y septiembre, respectivamente. Para las empresas de 50 y más trabajadores, las exoneraciones pasarían a ser del 50, 40 y 25 por ciento en julio, agosto y septiembre.

Estos ERTE se tramitarán contando con el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y tras haber informado a los representantes legales de los trabajadores, tal y como regula el Artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

Salvaguarda para el empleo
Para el Gobierno, las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de ERTE deberán mantener el empleo durante un período de seis meses.

Durante un ERTE en vigor las empresas no podrán efectuar despidos y tampoco podrán repartir dividendos. Quedan fuera del ámbito de aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos fiscales.

Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar horas extra. No estará permitido que las empresas concierten nuevas contrataciones laborales, directas o a través de ETT ni que establezcan nuevas externalizaciones durante la vigencia de estos expedientes especiales.

Protección por desempleo
Por último, se informó que las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del Covid-19, tanto de fuerza mayor total o parcial como basados en causas productivas o los tramitados en caso de rebrote, gozarán de la protección reforzada prevista en el anterior acuerdo: se les reconocerá la prestación aún cuando no acrediten período de cotización previo y se les aplicará el contador a cero.

(Foto: Gobierno de España)

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Se trata de “un acuerdo histórico” que incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva para que “nadie se quede atrás” en la crisis generada por el coronavirus Covid-19, según informó la Administración central.

El nuevo Acuerdo Social, que será ratificado este martes, día 12, en el Consejo de Ministros, prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 “para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor”, entre ellas las pertenecientes al sector turístico.

Las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad podrán proceder a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al SEPE las variaciones en los datos de personas trabajadoras incluidas en esos expedientes.

El acuerdo incluye además la modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que garantiza “el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla”.

A la firma asistieron por el Gobierno, además de Pedro Sánchez, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Por parte de los agentes sociales acudieron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, así como los secretarios generales de UGT y de CCOO, José Álvarez y Unai Sordo.

Nueva categoría de ERTE y exoneración de cuotas
El Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, exoneración que será del 75 por ciento para empresas de 50 o más trabajadores.

Además en el acuerdo se introduce una nueva categoría de ERTE para las empresas que puedan reiniciar su actividad, denominado «de fuerza mayor parcial«, que durará hasta el próximo 30 de junio. Durante este período las empresas pueden combinar trabajadores en actividad y suspendidos y por todos ellos habrá exoneraciones en las cuotas que se pagan a la Seguridad Social.

Para incentivar la reincorporación a los puestos de trabajo del mayor número de trabajadores en ERTE, las exenciones serán mayores para los empleados que regresen a la actividad que para quienes continúen suspendidos.

En concreto, las empresas de menos de 50 empleados tendrán una exención de cotizaciones del 85 por ciento en las cotizaciones devengadas en el mes de mayo y del 70 por ciento en las devengadas en junio para los trabajadores que retomen la actividad. Para los que continúen suspendidos también habrá exoneración, pero será menor: del 60 por ciento para las cotizaciones devengadas en mayo y del 45 por ciento para las de junio.

En el caso de las empresas de 50 o más trabajadores, la exención para los empleados que se reincorporen será del 60 por ciento y del 45 por ciento para las cotizaciones devengadas en mayo y junio, respectivamente. Para los trabajadores que no se reincorporen la rebaja será del 45 por ciento en mayo y del 30 por ciento en junio.

Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial, así como de la identificación de los trabajadores afectados y el periodo de suspensión o reducción de la jornada.

Reparto de dividendos y transparencia fiscal
El Acuerdo Social también introduce dos cláusulas que aluden al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor.

Asimismo, las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a cuotas de la Seguridad Social.

Comisión tripartita
Por otra parte, el Acuerdo Social contempla igualmente la creación de una comisión de seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de excepcionalidad atenuada.

Esta comisión se reunirá con carácter ordinario el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y con carácter extraordinario siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma. La comisión será consultada para la posible prórroga de los ERTE a partir del 30 de junio.

(Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa)

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El acuerdo alcanzado prevé que esta medida de excepcionalidad se extienda hasta el 30 de junio y a partir de esa fecha Gobierno, empresarios y sindicatos evaluarán qué trabajadores, dependiendo del sector al que pertenecen sus empresas, podrán seguir en esa situación.

Tras el Consejo de Ministros de este viernes, día 8, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comparecieron en rueda de prensa para explicar el acuerdo suscrito entre el Gobierno, los empresarios representados por CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT.

De esta forma los ERTE podrán seguir en activo a la finalización del Real Decreto de Estado de Alarma en España, vigente desde el 14 de marzo. El contenido de este acuerdo será aprobado el día 12 en el próximo Consejo de Ministros. Entre otras medidas, las empresas se han comprometido a mantener los puestos de trabajo seis meses desde la reanudación de sus actividades. En España hay 3,3 millones de trabajadores acogidos a un ERTE.

Más prórrogas del estado de alarma
Por otra parte, Montero indicó que el Ejecutivo central no descarta solicitar al Congreso de los Diputados más prórrogas del estado de alarma tras el 24 de mayo, cuando finalizará la cuarta.

En este sentido, comentó que las mismas podrían ser adaptadas a la realidad de la pandemia generada por el Covid-19 en esos momentos, y explicó que el Gobierno, en su reunión de este viernes, ratificó el acuerdo adoptado el día 6 por el Pleno de la Cámara Baja de extender el estado de alarma otros quince días, en concreto desde el 10 al 24 de este mes.

En la prórroga ratificada este viernes por el Gobierno figura la ‘cogobernanza’ con las comunidades autónomas y el debate conjunto con ellas a la hora de avanzar en el plan previsto para la desescalada.

(Foto: José Luis G. Castillejo)

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